Barranquilla, 31 de julio de 2025
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Asociación Regional de Municipios del Caribe Colombiano – AREMCA, en su calidad de entidad pública de carácter asociativo, se dirige a la opinión pública, a los organismos de control, a las autoridades judiciales y competentes, y a los medios de comunicación, con el fin de informar que el pasado 16 de julio de 2025 se llevó a cabo una diligencia de allanamiento y registro en sus instalaciones, adelantada por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de unidades de Policía Judicial.
Desde nuestra perspectiva institucional y jurídica, esta actuación estuvo acompañada de hechos que vulneran de manera preocupante el marco normativo vigente y afectan gravemente derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. AREMCA manifiesta con claridad que no ha sido formalmente vinculada a ningún proceso penal ni ha sido objeto de imputación o formulación de cargos, conforme a lo establecido en los artículos 286 y 287 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). A pesar de ello, se desplegó un operativo con amplia cobertura mediática, sin que existiera resolución judicial que autorizara dicha difusión, lo cual constituye una vulneración directa del principio de presunción de inocencia (artículo 29 CP), así como del derecho al buen nombre de la entidad y de sus funcionarios (artículo 15 CP).
La diligencia fue ejecutada con una presencia excesiva de fuerza pública, la utilización de medidas innecesarias y el registro de oficinas administrativas que no guardaban relación con los hechos investigados. Este proceder desconoce el principio de proporcionalidad y vulnera la doctrina constitucional que exige racionalidad en el uso del poder coercitivo por parte del Estado, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en sentencias como la C-591 de 2005.
Durante el procedimiento, se realizaron grabaciones y registros fotográficos en áreas institucionales sin autorización judicial ni consentimiento por parte de AREMCA. Posteriormente, dicho material fue difundido por terceros, lo que vulnera el derecho a la intimidad personal e institucional (artículo 15 CP) y contraviene las disposiciones del Código Penal sobre el uso indebido de información reservada (artículos 269A y siguientes).
Adicionalmente, varios trabajadores de la entidad, particularmente contratistas vinculados mediante órdenes de prestación de servicios, fueron sometidos a interrogatorios sin contar con asistencia legal, sin que mediara orden judicial alguna. Estas actuaciones configuran una clara violación al debido proceso, al derecho a la defensa técnica y al derecho a guardar silencio (artículos 29 y 33 CP), y desconocen los estándares internacionales establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Asociación reitera su firme compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto irrestricto por el Estado Social de Derecho. Rechazamos de manera categórica cualquier ejercicio arbitrario del poder punitivo, y hacemos un llamado al respeto de la institucionalidad y las garantías constitucionales, las cuales no pueden ser condicionadas ni desplazadas por estrategias de impacto mediático o actuaciones alejadas del rigor legal.
El país necesita procedimientos penales ajustados a los principios del sistema acusatorio, que garanticen el respeto por los derechos humanos, el debido proceso y la dignidad de las instituciones públicas.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
